Por José Luis Camacho Vargas*
No cabe duda que las decisiones de Estado son las más difíciles de tomar porque no las hay fáciles. Sus repercusiones tienen impacto en millones de personas, volviéndolas más complejas y haciendo necesario un concienzudo ejercicio de ponderación. Remover o no a un hombre capaz, con amplia experiencia, con prestigio y que ha dado muestras de imprimir frescura a una institución tan relevante como la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), pero que su lazo consanguíneo le está causando daño a la propia institución por tener un familiar que no comprendió la humildad y sencillez con que no sólo un servidor público debe conducirse, sino también su familia. Ante ello, el Presidente de la República tomó una decisión de Estado.
Las instituciones públicas que nuestro país ha creado a lo largo de doscientos años, con la excepción de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México que nos ha llevado quinientos, son sistemas que facilitan y organizan la participación de la sociedad para dar cauce a su propio desarrollo. Para lograr tal cometido la eficacia y legitimidad juegan un papel central. El primer término se refiere a la capacidad de los aparatos gubernamentales para resolver los problemas sociales en tiempo y forma; el segundo consiste en el grado de aceptación que tiene la sociedad de esas acciones y decisiones. Y justamente en el caso de la PROFECO lo que estaba en juego era su legitimidad.
A ello obedeció la decisión tomada por el presidente Enrique Peña Nieto, asegurar la permanencia de las instituciones públicas por encima de la de los hombres.
En septiembre de 2012, el entonces Presidente electo hizo una declaración que a lo largo de cinco meses ha cobrado fuerza de verdad y legitimidad. Durante la ceremonia de reconocimiento a los “300 líderes más influyentes de México”, Enrique Peña Nieto aseguró que su único interés como presidente sería el avance de la República y que aspiraría a ser un presidente de resultados, más allá de discursos grandilocuentes, pues un mandatario no tiene amigos, sino que debe tomar las mejores decisiones para el país escuchando atentamente todas las voces.
El Presidente de la República no miente y no dice cosas a la ligera, sabe perfectamente el alcance de sus dichos; como hombre conocedor de la provincia mexicana tiene claro el valor de la palabra dada y como Jefe de Estado tiene presente el juicio de la historia. Enrique Peña Nieto aseguró hace ocho meses que el suyo sería un gobierno de resultados y prometió que su labor se sustentaría en el consenso con todas las fuerzas políticas y sociales del país, y hoy lo está cumpliendo.
A diferencia de quienes creen que la PROFECO debe desaparecer, me consta que se trata de una noble institución que defiende los intereses de los consumidores más modestos de nuestro país, quienes encuentran en ella orientación y defensa ante las empresas que pretenden abusar de su necesidad y quitarles el poco dinero que ganan trabajando todo el día.
Tarifas infladas, mala calidad del servicio o del producto, contratos leoninos, encarecimiento sin justificación y especulación son males de todos los días en nuestro país. De ahí la vigencia de la institución creada hace 37 años por el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, con el afán de proteger los derechos del consumidor y garantizar la mejor calidad en los servicios y productos que adquiere, al tiempo que fomenta la seguridad jurídica de los proveedores.
Por ello, su permanencia no debe estar en duda sino que su consolidación e incremento de atribuciones debe ser la prioridad en un país que cada día se globaliza más y que los consumidores requieren mayores cauces para hacer valer sus derechos.
Desde el 1 de diciembre de 2012, el gobierno de la República ha mostrado la voluntad y capacidad suficientes para cambiar las cosas y remover aquellos diques que no permiten que el país avance al ritmo deseado para garantizar el progreso que requiere su población.
Esa responsabilidad y voluntad se reconfirmó el pasado 15 de mayo, cuando el Poder Ejecutivo federal tomó otra decisión de Estado, la cual se ha sumado a muchas otras, tales como la firma del Pacto por México, fortalecimiento de la calidad educativa, mayor competencia en el sector de las telecomunicaciones y ampliación de la cobertura de los programas sociales.
Una vez que se ha dado a conocer el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 elaborado con base en una amplia consulta ciudadana, esas decisiones se verán potencializadas con la contundencia que brinda todo el aparato gubernamental trabajando en un solo objetivo: el progreso de México.
*Maestro en Derecho, académico de la UNAM, especialista en temas legislativos y militante del PRI desde 1976.